Prevención y reducción de riesgos en el ocio nocturno: el papel de las corporaciones locales (XX)
Mariangels Duch, Amador Calafat y Montse Juan
Instituto Europeo de Estudios en Prevención (Irefrea)
La plataforma no cuenta con autoridad,
por ella misma, para regular y exigir la implementación
de acciones o sancionar su incumplimiento.
El trabajo en red desarrollado
da visibilidad tanto a los problemas como a
las soluciones potenciales, facilita la determinación
de prioridades políticas desde cada
sector, promueve acciones en consonancia
con los objetivos y da visibilidad a las recomendaciones,
al tiempo que promueve el
intercambio con nuevos agentes y favorece
las reuniones sectoriales. En consecuencia,
muchas de las acciones implementadas durante
estos años han sido influenciadas, de
una forma u otra, por la Plataforma. Entre
éstas destacan:
Establecimiento y mantenimiento de
una plataforma multisectorial de largo
recorrido.
Desarrollo de un reglamento regulador
de los servicios de admisión y control
del ambiente interno que exige por ley
la formación y acreditación del personal
de seguridad y puerta.
Asesoramiento técnico a los municipios
para ayudarles a elaborar su Plan Municipal
de Drogas.
Talleres de formación para técnicos de
entidades locales.
Cursos de dispensación responsable de
bebidas para el personal de los locales y
técnicos de la Administración.
Elaboración de un documento de Buenas
Prácticas para la industria recreativa
que incluye una política del establecimiento
y de información a los clientes,
e instrucciones y formación para los
empleados.
Actividades de sensibilización sobre la
problemática del consumo para vincular
a las familias en prevención mediante
cursos de formación y campañas de
concienciación.
De forma que en algunas de las zonas
turísticas más problemáticas, como Magalluf
(Calvià), una nueva normativa (en vigor
desde el 1 de mayo de 2015) prohíbe el consumo
de alcohol en la vía pública, regula el
pubcrawling, restringe la operatividad de las
fiestas de alcohol y desmadre en alta mar
(party boats), y aumenta la supervisión sobre
el control de aforo de los locales. Asimismo,
otros ayuntamientos han creado directrices
para minimizar los problemas del consumo
de los menores en las fiestas locales, mejorando
la coordinación entre departamentos
municipales y creando protocolos de actuación
comunes para los policías locales de los
distintos municipios. Y el Consulado Británico
ha lanzado una campaña preventiva,
en colaboración con la industria y la policía,
para informar y minimizar los riesgos entre
los jóvenes británicos que acuden a las islas.
En el ámbito de las organizaciones de la
sociedad civil, las familias han comprendido
que tienen un papel en la supervisión de
sus hijos cuando están fuera de casa. Por su
parte, las entidades juveniles han pasado de
entender las medidas restrictivas como un
ataque a su libertad personal a verlas como
medidas protectoras. Y las entidades vecinales,
que consiguen buena parte de sus ingresos
mediante la instalación de barras en verbenas
y fiestas, entienden progresivamente
los objetivos de la plataforma.
La industria recreativa siempre se ha
mostrado dispuesta en teoría en participar.
Necesitan por un lado mantener una relación
fluida y cordial con las administraciones
y saben que éstas son poco eficientes a la
hora de promover acciones, debido a la lentitud
de su maquinaria o la poca persistencia
provocada por los continuos cambios de
técnicos y políticos. Pero durante la última
etapa han visto mayores ventajas a su vinculación
y están dispuestos a aceptar mayores
compromisos siempre que las administraciones,
locales y autonómica, muestren una
voluntad de actuación clara para eliminar los
consumos en espacios públicos (botellones
urbanos y en la playa) y la competencia desleal/
ilegal, que bien utiliza vacíos legales o
subterfugios para esquivar la normativa o la
incumple abiertamente.
Aunque las administraciones públicas
son las convocantes de esta plataforma, en
la práctica su compromiso viene mediado
por dos tipos de cuestiones: 1) los intereses
políticos, mediados por los tiempos
electorales y la presión de los medios de
comunicación y 2) las dificultades de coordinación
interna entre los diversos departamentos
de una administración determinada
(p. ej. un ayuntamiento).
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