lunes, 20 de marzo de 2017

Prevención de riesgos en el ocio nocturno (XIII)


Prevención y reducción de riesgos en el ocio nocturno: el papel de las corporaciones locales (XIII)

Mariangels Duch, Amador Calafat y Montse Juan
Instituto Europeo de Estudios en Prevención (Irefrea)

Formación del personal de barra,
sala y puerta. Servir a los clientes embriagados
constituye un predictor de problemas
que incluye lesiones, violencia, asaltos y accidentes
de tráfico (Graham et al., 2006); y
que el personal de los locales necesita estar
formado para identificar y saber cómo
tratar a las personas embriagadas y evitar
escaladas de violencia (Graham, LaRoque,
Yetman, Ross y Guistra, 1980; Homel, Tomsen
y Thommeny, 1992; Lister, Hobbs, Hall
y Winlow, 2000). La formación del personal
y los programas de dispensación responsable
de bebidas (DRB) cuentan con gran
popularidad, aunque luego en la práctica su
implementación es muy baja e irregular en
nuestro país. Los resultados sobre su efica
cia son controvertidos (Barbor et al., 2010;
Hadfield, 2011) si no cuentan con la aprobación
de la administración y forman parte
de la política del local y se exige su estricto
cumplimiento por parte de la administración
(Wallin y Andreásson, 2004). Los estudios
longitudinales muestran que cuando la formación
no es requerida por ley, su efectividad
tiende a disminuir con el tiempo (Buka y
Birdthistle, 1999); mientras que el personal
tiende a crear dificultades durante el proceso
de formación si éste no constituye un
requisito para conseguir el empleo (Ker y
Chinnock, 2008). Asimismo, a pesar del potencial
que presenta el personal de seguridad
para controlar y minimizar problemas (o
de incrementarlos con una mala actuación),
con la excepción del Reino Unido –donde
constituye un delito trabajar como portero
sin una licencia oficial—esta formación no
se requiere en otros países europeos (Calafat
et al., 2012). En España esta formación
constituye ya un requisito legal en ciertas
regiones (Madrid, Cataluña y Baleares) pero
no a nivel nacional. La acreditación de los
trabajadores corre a cargo del gobierno autonómico;
en el caso de Baleares a través de
los Consejos Insulares.

REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 

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