Tráfico de drogas en México: desde la próxima distancia (IV)
Amando Vega Fuente
Profesor de la Universidad del País Vasco
QUÉ SUCEDE EN MÉXICO I
La noticia del asesinato de dos cantantes de
grupos mexicanos en menos de veinticuatro
horas, llamó no poco la atención para los que
desconocemos la realidad del narcotráfico
(López de Guereño, 2007). Sin embargo,
desde el año 2005, México ha sido asediado
por una creciente violencia relacionada a
las drogas. Ese año, más de 1500 personas
resultaron muertas en hechos vinculados al
tráfico de drogas; en el 2006, el número de
víctimas escaló a más de 2500. En respuesta
a la violencia, apenas días después de asumir
la presidencia en diciembre de 2006, el
presidente mexicano Felipe Calderón lanzó
el “Operativo Conjunto Michoacán”, desplegando
cerca de 6500 soldados y policías en el
estado de Michoacán para colocar bloqueos
en carreteras y puestos de control policial,
ocupar áreas clave donde se comercializa la
droga, y ejecutar cacheos y órdenes de detención
contra personas vinculadas al tráfico
de drogas. Tras un año récord en asesinatos
relacionados al tráfico de drogas, el “Operativo
Conjunto Michoacán” fue el primero de varios
operativos dominados por las fuerzas militares,
lanzados por el nuevo gobierno en los estados
mexicanos donde se cree que se concentra
el crimen organizado. Pese a los esfuerzos de
la Administración de Calderón, el número de
asesinatos llegaba a 2.113 en la segunda semana
de octubre, según el informe de Meyer,
Youngers, Bewley-Taylor (2007). En lo que va
de año, la lucha contra los narcos mexicanos
se ha cobrado 2.682 vidas (Jiménez, 2008).
Actualmente, los asesinatos, la inseguridad y el
temor han creado una creciente sensación de
crisis en México, percibida fácilmente cuando
visita este país, que ha provocado que “México
haya salido a la calle para pedir el fin de los
secuestros y la violencia” (El País, 2008)
Se olvida la lección de casi dos décadas de
enfrentamiento con los poderosos cárteles
del narcotráfico: las soluciones inmediatas
desvían atención y recursos de las reformas
de largo plazo en los sectores policial y judicial,
imprescindibles para enfrentarse de forma
efectiva con los problemas interrelacionados
de drogas ilícitas, crímenes y violencia. La mayor
implicación de las fuerzas armadas en la
“guerra contra las drogas” ha incrementado
la corrupción al interior de la institución, ha
generado violaciones a los derechos humanos
y no ha disminuido el tráfico de drogas. Para
contener dicha actividad, hay que identificar,
procesar y castigar a los traficantes de drogas,
y evitar que continúen llevando a cabo sus
actividades ilegales desde la cárcel. Una fuerza
policial y un poder judicial efectivos y libres
de corrupción son elementos esenciales para
lograr tal fin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario